El acuerdo
En abril de 2026 firmé un contrato privado de administración de capital con Luis Alfonso Roldán Vargas, que se presentaba como administrador y “director de proyectos”. Le entregué US$17.400 para que los invirtiera, según el documento, en eventos a nivel nacional, inversiones mobiliarias y locales de giro comercial.
El contrato prometía un rendimiento de US$3.500 mensuales durante un año (1 año (28 de abril de 2026 al 28 de abril de 2027)), con un pagaré que supuestamente respaldaba mi capital. Lo firmamos en Lindora, Santa Ana.
Las señales que entendí tarde
Hoy veo con claridad lo que en su momento quise creer: un retorno de US$3.500 mensuales sobre US$17.400 no lo sostiene ningún negocio legítimo. Es matemáticamente insostenible, y esa es justamente la carnada de este tipo de esquemas: una promesa tan grande que nubla el juicio.
También pesó la confianza personal y la formalidad aparente del contrato y el pagaré. Un papel firmado da seguridad, pero un papel no paga: paga quien cumple.
El incumplimiento
Cuando llegaron las fechas de pago, el dinero no apareció. En su lugar recibí explicaciones, nuevas fechas y promesas por audios y mensajes de WhatsApp. Una y otra vez. Conservo todos esos mensajes y audios como evidencia para el proceso legal.
Al consultar registros públicos comprendí que no era un hecho aislado: existían obligaciones pendientes previas. No reproduzco aquí esos datos —cualquiera puede verificarlos por las vías oficiales—, pero confirmaron que debía actuar.
Por qué publico esto
No hago esto por venganza, sino para tres cosas: dejar constancia pública de mi experiencia, advertir a otras personas antes de que les pase, y reunir a quienes ya pasaron por lo mismo para que se unan a mi demanda penal y fortalecer la respuesta legal conjunta.
Todo lo que afirmo aquí lo respaldo con documentos. Lo que aún no está resuelto por un tribunal lo presento como mi versión y como un hecho presunto. Y nunca publico datos personales sensibles de nadie.